Tres días de vigencia
Los decretos de vivienda del Gobierno apenas llegaron a aplicarse. El Real Decreto-ley 26/2026, publicado en el BOE el 30 de septiembre, y el Real Decreto-ley 27/2026, del 1 de octubre, decayeron el viernes 2 en el Congreso.
El primero, el más amplio, cayó por 178 votos en contra, de PP, Vox, Junts y UPN, frente a 172 a favor, de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y Compromís. "En consecuencia, queda derogado el decreto ley", anunció la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El segundo, sobre la renovación de los contratos, fue rechazado con los votos de PP, Vox, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria.
La votación coincidió con una oleada de movilizaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas en más de 50 ciudades, con unos 70.000 manifestantes en Madrid según la Delegación del Gobierno.
El alquiler: sin tope y sin prórroga
Para los inquilinos de la Marina Alta, el cambio más inmediato está en el alquiler. El primer decreto limitaba al 2 % la subida anual de las rentas hasta finales de 2027 y concedía una prórroga de dos años a los contratos que vencieran antes del 31 de diciembre de 2028. Incluía también bonificaciones en el IRPF para inquilinos con rentas de hasta 33.000 euros, que el Gobierno calculaba que llegarían a 1,6 millones de hogares en toda España.
El segundo decreto iba más allá: obligaba al propietario a indemnizar al inquilino con 12 mensualidades si no renovaba el contrato por otros cinco años sin causa justificada, o siete si el propietario era una empresa, y fijaba un preaviso de seis meses.
Con la caída de los decretos, esa protección desaparece. La Ley de Vivienda de 2023 permite limitar las rentas en las zonas declaradas tensionadas, pero en la Marina Alta no hay ninguna. El Ayuntamiento de Dénia ha pedido en varias ocasiones a la Conselleria que declare la ciudad zona tensionada y, según la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, nunca ha recibido respuesta.
La presión del mercado no es menor. En Xàbia, el alquiler alcanzaba en el primer trimestre del año los 16,62 euros por metro cuadrado al mes, según Fotocasa, la cifra más alta de la comarca.
Los pisos turísticos: sin IVA y sin recargo en el IBI
El primer decreto introducía un IVA del 10 % al alquiler turístico. Habilitaba además a los ayuntamientos para aplicar recargos de hasta el 150 % en el IBI de los pisos turísticos y de hasta el 100 % en el de la vivienda vacía.
Es una de las medidas con más impacto potencial en la comarca. Solo en Dénia, el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana contabilizaba en agosto 5.129 viviendas de uso turístico con licencia. Con la derogación, el alquiler turístico deja de soportar ese IVA y los ayuntamientos pierden la herramienta del recargo.
La otra cara: alivio para propietarios y sector turístico
La caída de los decretos tiene una lectura muy distinta para buena parte de la economía de la comarca. En la Marina Alta, el alquiler turístico y la segunda residencia son un pilar del modelo turístico: en Dénia, casi nueve de cada diez plazas turísticas están en viviendas, unas 25.000 frente a poco más de 2.400 hoteleras.
Para ese sector, la derogación supone evitar un aumento de costes inmediato. La oferta turística deja de soportar el IVA del 10 % que introducía el decreto, que habría encarecido las estancias o reducido los márgenes de los propietarios. Los ayuntamientos tampoco podrán aplicar el recargo de hasta el 150 % en el IBI de las viviendas turísticas.
Los propietarios de segundas residencias, muy numerosos en la comarca, se libran también de la subida de la tributación en el IRPF de los inmuebles que no son vivienda habitual, prevista a partir de 2027. Y los pequeños propietarios que alquilan una vivienda recuperan margen para negociar la renta y la duración de los contratos.
Quienes votaron en contra sostienen además que las medidas habrían sido contraproducentes. Junts argumentó que muchas de ellas provocarían menos oferta, precios más altos y más dificultades de acceso, justo lo contrario de lo que pretendían. Que el tope del 2 % desaparezca tampoco implica que los alquileres vayan a subir de forma automática.
Desahucios y grandes compradores
El decreto suspendía hasta el 31 de diciembre de 2030 los desahucios de personas vulnerables, una medida que el Congreso ya había tumbado en febrero. Prohibía también, hasta finales de 2028, que las entidades dedicadas a comprar inmuebles o carteras hipotecarias lo hicieran por debajo del 70 % de su valor de tasación.
En el plano fiscal, gravaba con un 25 % los beneficios no distribuidos de las socimis, las inmobiliarias cotizadas, y reducía al 4 % el IVA de la vivienda pública.
Por qué votaron en contra
Junts, cuyos siete votos eran decisivos, sostuvo además que el texto no frena a los fondos buitre, que la protección de los inquilinos vulnerables no queda garantizada y que varias medidas suponen "la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones". Pidió al Gobierno redactar un decreto nuevo. PP y Vox votaron en contra de los dos textos.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había pedido a la oposición, y en especial a Junts, que se abstuviera para permitir la convalidación.
Y ahora, qué
La caída de los decretos deja abierta la posibilidad de un adelanto electoral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto un periodo de reflexión para decidir si convoca elecciones antes de 2027. Junts, por su parte, ha anunciado que enviará al Gobierno una propuesta alternativa.
En la comarca, la derogación deja dos realidades enfrentadas. Para el sector turístico y los propietarios, es un respiro fiscal en una economía que depende en buena medida de los visitantes. Para quienes buscan dónde vivir, el problema sigue intacto: comprar una vivienda en Xàbia exige ya el 69 % de la renta disponible de un hogar medio, el esfuerzo más alto de toda la costa peninsular, y en Dénia la vivienda protegida en venta roza los 260.000 euros.
