Un contrato de 52,45 millones
La Sareb ha adjudicado a Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria, compañía controlada por el fondo estadounidense Blackstone, el lote B de su servicio global de gestión de activos. El contrato tiene un presupuesto de 43.353.426,79 euros sin impuestos, 52.457.646,42 euros con IVA, según adelantó el diario El Mundo.
El servicio comenzó en septiembre y se prolongará hasta diciembre de 2028, con posibilidad de prórroga hasta 2030. Lo firmó el consejero delegado de la Sareb, Eduard Mendiluce, y lo autorizó el consejo de administración de la sociedad, que depende del ámbito del Ministerio de Economía.
En el proceso de selección, Aliseda y Servihabitat, propiedad de Hipoges y controlada por el fondo Pollen Street Capital, obtuvieron las mejores puntuaciones, pero por ahora solo el contrato de Blackstone está aprobado definitivamente.
Qué hará Aliseda
El encargo va más allá de vender pisos, locales o suelos. Aliseda actuará como gestora integral de los activos, siempre siguiendo las instrucciones de la Sareb:
- comercializará viviendas, locales y suelos;
- administrará los alquileres;
- elaborará informes sobre impagos e inquilinos vulnerables;
- se ocupará de las ocupaciones y de la recuperación de la posesión de inmuebles;
- y preparará las viviendas que deben traspasarse a Casa 47, la empresa estatal de vivienda adscrita al Ministerio de Vivienda.
Esto último es especialmente relevante. La Sareb ha reservado más de 40.000 inmuebles para Casa 47, y su traspaso exige obras y actuaciones para garantizar que sean habitables.
La contradicción política
La adjudicación ha trascendido en plena ofensiva del Gobierno contra los grandes fondos. El viernes, durante la votación de los decretos de vivienda en el Congreso, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo resumió así: "O se está con los buitre o con la gente".
Los críticos señalan que esa retórica no encaja con que una sociedad pública adjudique a la filial de uno de esos fondos la gestión de miles de pisos, incluidos sociales, que acabarán en la empresa pública de vivienda. La Sareb, creada tras la crisis bancaria para gestionar los activos tóxicos de las entidades rescatadas, ha recurrido a menudo a la experiencia de Blackstone en la gestión inmobiliaria.
La transición tampoco está exenta de conflictos internos: el sindicato CSIF ha presentado una demanda para exigir que 247 trabajadores de la Sareb pasen a Casa 47. Sostiene que despedir a la plantilla mientras sus funciones se trasladan a un nuevo organismo público es ilegal.
La Marina Alta, una de las comarcas con más pisos de la Sareb
La operación toca de cerca a la comarca. La Marina Alta es una de las zonas de la provincia de Alicante donde la Sareb acumula más viviendas. En 2023, cuando el Gobierno anunció que las destinaría al alquiler social, el "banco malo" tenía 536 viviendas repartidas en 14 municipios de la comarca. Dénia encabezaba la lista con 242, el 13,4 % de todas las que la Sareb tenía en la provincia, por delante de Gata de Gorgos (83), Beniarbeig (53), Xàbia (35), Pego (33), Benissa (21), Els Poblets (20) y Pedreguer (12).
Parte de ese parque ya ha empezado a llegar a Casa 47. En la convocatoria de agosto, la empresa estatal puso en alquiler asequible 112 viviendas recuperadas de la Sareb en la Marina Alta: 66 en Pedreguer y 46 en Dénia, los dos municipios con más pisos de toda la provincia. Las rentas van de 350 a 1.066 euros al mes y no pueden superar el 30 % de la renta media del municipio. Para Dénia suponen una parte importante de su escaso parque de vivienda asequible: hasta ahora solo contaba con 67 pisos de protección oficial para más de 50.000 habitantes.
Los alcaldes de Dénia y Pedreguer han acordado con Casa 47 una reunión para tratar específicamente sus casos, y el de Dénia, Rafa Carrió, ha pedido que la ciudad entre en las próximas fases para recibir más viviendas.
No se ha detallado qué viviendas concretas gestionará Aliseda ni si incluyen las de la Marina Alta. Lo que sí está claro es que buena parte del parque que debe nutrir la vivienda pública, también en la comarca, pasará antes por las manos de una gestora privada controlada por un gran fondo internacional.
En plena precampaña
La polémica llega en un momento especialmente sensible. La caída de los decretos de vivienda en el Congreso dejó dos caras en la comarca: alivio para los propietarios de pisos turísticos e incertidumbre para los inquilinos, en una zona donde comprar una casa en Xàbia exige ya el 69 % de la renta familiar. La vivienda será uno de los grandes temas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
