← PortadaElecciones generales el 29 de noviembre: qué se juega la Marina Alta
Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre, tras la caída de los decretos de vivienda en el Congreso. Para la Marina Alta, la cita llega con la vivienda como gran tema de fondo y con asuntos pendientes del Gobierno central, como los deslindes de Costas, el tren de la costa o la fiscalidad de los pisos turísticos.
Redacción La Marina Times
Lunes, 5 de octubre de 2026, 09:48 · 4 min de lectura
Elecciones el 29 de noviembre
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa la convocatoria de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. La decisión llega después de un fin de semana de reflexión tras el rechazo del Congreso, el viernes, a los dos reales decretos con los que el Gobierno quería responder a la crisis de la vivienda.
Sánchez anunció un Consejo de Ministros extraordinario para iniciar la disolución de las Cortes. El real decreto de convocatoria debe publicarse en el BOE, y la votación se celebra 54 días después de esa publicación.
El calendario
Si la convocatoria se publica en el BOE el martes 6 de octubre, los plazos quedan así:
- 6 de octubre: publicación de la convocatoria y disolución de las Cortes.
- Del 21 al 26 de octubre: presentación de candidaturas.
- 29 de noviembre: jornada electoral.
La vivienda, de fondo
La vivienda será, previsiblemente, el gran tema de la campaña. Según fuentes institucionales, la intención del Ejecutivo era recuperar los textos derogados y aprobar un nuevo decreto de vivienda que podría convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que funciona mientras las Cortes están disueltas.
Es un asunto especialmente sensible en la Marina Alta, donde comprar una vivienda en Xàbia exige ya el 69 % de la renta disponible de un hogar medio y donde la caída de los decretos tuvo una doble lectura: alivio para el sector turístico y los propietarios de pisos turísticos, e incertidumbre para los inquilinos.
Doce diputados en juego en Alicante
La provincia de Alicante elige 12 diputados al Congreso. En las elecciones de julio de 2023, el PP obtuvo cinco, el PSOE cuatro, Vox dos y Sumar-Compromís uno. El último escaño fue para el PP, en disputa con Sumar-Compromís, lo que deja la circunscripción abierta a pequeños cambios de voto.
La Marina Alta mostró entonces un mapa dividido: el PSOE fue la fuerza más votada en Dénia, Ondara y Pego, mientras que el PP ganó en Xàbia y Gata de Gorgos y mantuvo sus feudos de Benissa y Teulada.
Los residentes europeos, sin voto
Las elecciones generales tienen una particularidad que afecta de lleno a la comarca. Solo pueden votar los ciudadanos con nacionalidad española. Los residentes de otros países de la Unión Europea, que sí votan en las municipales y en las europeas, no tienen derecho a voto en las generales, y tampoco los británicos y el resto de residentes extranjeros. En municipios con una alta proporción de vecinos extranjeros, como Xàbia, Teulada-Moraira o Calp, una parte importante de la población quedará fuera de la decisión.
Lo que queda en el aire
La disolución de las Cortes y el cambio de ciclo político dejan pendientes varios asuntos de competencia estatal con impacto directo en la comarca:
- La vivienda y los pisos turísticos. Con la caída de los decretos desaparecieron, entre otras medidas, el tope del 2 % a la subida del alquiler y el IVA al alquiler turístico. Su futuro dependerá de lo que haga el Gobierno en las próximas semanas y del resultado electoral.
- Los deslindes de Costas. La reforma del Reglamento de Costas que reclaman la Generalitat y el Ayuntamiento de Dénia, con miles de propietarios afectados en Les Marines, queda a expensas del nuevo Gobierno.
- El tren de la costa. La conexión ferroviaria entre Dénia y Gandia, que depende del Ministerio de Transportes, sigue sin un calendario definido.
- Las iniciativas en tramitación. Con la disolución decaen los proyectos y proposiciones de ley que no se hayan aprobado, como la propuesta de gravar con un impuesto del 100 % las compras de vivienda por parte de no residentes de fuera de la UE, que afectaba especialmente a los compradores británicos de la comarca.