Once meses para cuatro condenados
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado al exdiputado provincial del PP y exconcejal de Calp Juan Roselló y a su cuñado, Francisco Artacho, por el caso Aguas de Calpe, según la sentencia que ha publicado el diario Información y que recoge La Marina Plaza. El proceso judicial se ha prolongado durante dos décadas.
La sentencia impone a los dos, y a dos directivos de Aguas de Calp y de Aguas de Valencia, Francisco Zorrilla y Alberto Mut, una pena de once meses de prisión a cada uno por un delito de prevaricación en concurso con otro de fraude a la Administración.
El tribunal concluye que la adjudicación de las obras a la empresa vinculada a Artacho «estaba decidida de antemano» y que impedía que otras empresas y autónomos pudieran optar a los trabajos. Considera probado también que los dos directivos condenados eran plenamente conscientes tanto de los sobreprecios como de la falta de capacidad de la empresa de Artacho para ejecutar las obras.
Una pena muy inferior a la pedida
Las condenas son muy inferiores a las que reclamaba la acusación. En 2021, la Fiscalía Anticorrupción pedía nueve años de prisión para Roselló y Artacho por fraude continuado y prevaricación, y siete años y tres meses para Zorrilla y Mut. En el juicio, celebrado a finales de 2025, rebajó su petición para Roselló y su cuñado a penas que sumaban seis años y tres meses.
La Audiencia ha aplicado a los condenados la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, por los casi veinte años que ha durado el proceso. Según La Marina Plaza, los propios acusados fueron en parte responsables de esos retrasos.
Las obras de la red de agua
El caso se centra en las obras de renovación de la red de agua potable de Calp de mediados de la década de 2000. Según la acusación, el Ayuntamiento, con Roselló como máximo responsable de la política hídrica municipal, encargó los trabajos a la empresa mixta Aguas de Calpe, que a su vez los subcontrató a Obras Hidráulicas de Levante, una sociedad controlada por Artacho. La Fiscalía Anticorrupción sostenía que, mediante un artificio de sobreprecios y subcontratas, más de un millón de euros se quedó por el camino.
En el juicio, tres de los acusados se declararon culpables tras admitir que habían actuado como testaferros de Artacho, y alcanzaron una conformidad con la acusación.
Pendiente, el caso de las basuras
No es la única causa abierta contra los antiguos responsables municipales de Calp. En marzo, el Tribunal Supremo ordenó a la Audiencia de Alicante repetir la sentencia sobre la trama de las basuras de Calp, una pieza del caso Brugal, teniendo en cuenta una intervención telefónica al empresario implicado que la Audiencia había anulado como prueba.
En aquel fallo, de 2022, la Audiencia había condenado al exalcalde Javier Morató y a los ex tenientes de alcalde Fernando Penella y Juan Roselló a dos años y medio de prisión por cohecho, prevaricación y fraude a la Administración, y a Artacho, a dos años de prisión. Según aquella sentencia, el empresario pagó 100 millones de pesetas (601.012 euros) a cambio de la concesión del servicio de tratamiento de residuos en 1998.
