Hay ocasiones en las que uno escucha determinadas declaraciones políticas y se pregunta si nuestros representantes recuerdan para qué están ahí. Si su trabajo consiste en defender permanentemente sus posiciones, ganar cada pulso frente a otra administración o, sencillamente, resolver los problemas de los ciudadanos. Porque hay una diferencia enorme entre defender el interés general y convertir cualquier discrepancia en una cuestión de orgullo. Lo primero exige responsabilidad. Para lo segundo suele bastar una rueda de prensa.
La última representación de este peculiar campeonato tiene como protagonista la Ronda Norte. La Generalitat plantea una alternativa para desbloquear una actuación pendiente desde hace más de treinta años y el Ayuntamiento responde con todo su repertorio de grandes calamidades: «pelotazo urbanístico», «secuestro de competencias», edificios de diez alturas y el inevitable fantasma de Benidorm. Escuchándolos, cualquiera diría que el mayor peligro para Dénia es que alguien consiga, por fin, construir algo.
Conviene recordar que el PSPV gobierna Dénia desde 2015, actualmente junto a Compromís. Más de once años después, la Ronda Norte sigue sin ejecutarse. Y ahora nos anuncian que están trabajando en su propio plan parcial. Estupendo. Pero quizá los ciudadanos merezcan algo más que otra declaración de intenciones. ¿Cuándo estará aprobado? ¿Cómo se financiará? ¿Es económicamente viable? ¿Cuándo comenzarán las obras? Porque después de tantos años, el verbo trabajar empieza a necesitar algún complemento. Preferiblemente uno que incluya resultados.
Y aquí llegamos a una cuestión bastante menos emocionante que pronunciar la palabra «pelotazo», pero infinitamente más importante: los números. Urbanizar esos terrenos cuesta millones de euros y los propietarios difícilmente asumirán semejante inversión si la operación no resulta viable. Ya en 2023 cuestionaron formalmente la reducción de aprovechamientos prevista en el planeamiento municipal. ¿Tenían razón? Habrá que estudiarlo. ¿Permite la edificabilidad actual afrontar las cargas urbanísticas? Habrá que demostrarlo. Lo que no parece demasiado serio es despachar un problema económico con una colección de calificativos. Porque un modelo de ciudad puede ser magnífico sobre el papel, pero si nadie consigue desarrollarlo, acaba siendo poco más que una bonita declaración de intenciones. Eso sí, siempre podremos presumir de haberlo defendido heroicamente.
Y qué decir de la vivienda. Nuestros gobernantes lamentan los precios, reivindican soluciones y defienden la vivienda protegida. Pero cuando aparece una propuesta que contempla aumentar la edificabilidad, saltan todas las alarmas. El Ayuntamiento presume de reservar al menos un 40% para vivienda protegida. Magnífico. ¿Pero cuántas viviendas representa ese porcentaje en cada alternativa? ¿Y cuántas llegarán realmente a construirse? Porque el 40% de un desarrollo que nunca se ejecuta equivale exactamente a cero viviendas. Una fórmula extraordinariamente cómoda para presumir de compromiso social sin necesidad de entregar una sola llave.
Tampoco estaría de más recordar que una ciudad sostenible no es necesariamente aquella que menos construye. El urbanismo contemporáneo defiende densidades adecuadas, barrios compactos y un aprovechamiento eficiente del suelo. Entre convertir Dénia en Benidorm y condenar un sector a otros treinta años de espera debería existir algún término medio. Aunque encontrarlo exige estudiar, negociar y hacer números. Actividades bastante menos vistosas que anunciar una catástrofe urbanística.
Por supuesto que el Ayuntamiento debe defender sus competencias y que la Generalitat tiene que justificar su propuesta. Pero gobernar consiste precisamente en conciliar intereses, encontrar soluciones viables y saber llegar a acuerdos. Las competencias no son trofeos que uno pueda colgarse después de ganar una batalla institucional. Son responsabilidades que deben ejercerse para mejorar la vida de los ciudadanos. Y si existe un pelotazo, que lo demuestren con cifras. Si el modelo municipal es mejor, que expliquen cómo y cuándo piensan ejecutarlo. Lo que no tiene demasiado sentido es convertir cada discrepancia en un enfrentamiento mientras los problemas permanecen intactos.
Quizá nuestros representantes deberían recordar que negociar no significa rendirse, que reconocer un argumento ajeno no constituye una humillación y que defender una posición no exime de demostrar que funciona. Dénia no necesita más titulares grandilocuentes, ni más batallitas institucionales, ni políticos empeñados en tener siempre la última palabra. Necesita viviendas, infraestructuras y administraciones capaces de ponerse de acuerdo.
Porque el orgullo político tiene una particularidad fascinante: quienes disfrutan de la victoria no siempre son quienes pagan sus consecuencias. Y en estas disputas, la factura acaba llegando demasiado a menudo a los mismos.
En Dénia llevamos demasiado tiempo confundiendo tener razón con hacer las cosas bien. Y nuestros políticos deberían recordar que ganar una discusión no construye una carretera.