En una entrevista, la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, descartó que exista alguna resolución municipal sobre la ampliación del Canal de la Fontana: «No hay ninguna decisión tomada, no se ha aprobado ninguna ampliación, no se ha tramitado ningún expediente. No hay nada, absolutamente nada».
Cardona explicó que la iniciativa parte de la empresa concesionaria del Canal, que plantea ampliar la lámina de agua utilizando una parcela situada entre la carretera del Pla y el propio cauce, lo que requeriría una permuta y la intervención de la administración portuaria. La concesión llegó a contemplar alrededor de 500 amarres, cifra que, tras las obras ejecutadas durante el invierno, se situaría actualmente en torno a los 420, según indicó la regidora. A cambio de la ampliación, la concesionaria ofrece completar la avenida Augusta, mejorar calles del entorno, sumar plazas de aparcamiento y levantar un edificio polivalente en el Arenal, detalló Cardona, quien rechazó que el proyecto implique necesariamente más amarres de los ya previstos.
La alcaldesa indicó que el Ayuntamiento trasladó la propuesta a la comisión de Urbanismo como gesto de transparencia, señalando que «al Ayuntamiento de Xàbia llegan decenas de propuestas» y que, en este caso, «esta propuesta sí merecía compartirla, estudiarla y valorarla por el nivel de inversión en beneficio del pueblo de Xàbia». El siguiente paso sería su presentación ante el Consell d'Urbanisme de Xàbia, que deberá determinar si conviene al municipio, pues, según remarcó Cardona, «los técnicos profesionales son los que tienen que valorarlo».
Faro y vivienda protegida
Cardona señaló que el objetivo es abrir al público el faro del Cap de Sant Antoni el próximo 8 de octubre, en colaboración con el Oceanogràfic, el Parque Natural y las autoridades portuarias. La alcaldesa definió el enclave como «un punto para mirar, observar y relajarse y ver lo bonito que es nuestro término».
Sobre el Plan Vive, Cardona indicó que las promociones aún no han entrado en fase de obras porque están a la espera de la calificación provisional de la Conselleria. Según los datos que manejaba, el coste del módulo de vivienda protegida rondaría entre 2.400 y 2.500 euros por metro cuadrado, un precio que, subrayó, no fija el Ayuntamiento ni la constructora, sino que responde a valores regulados.
