La Asociación de Promotores de la Comarca de Dénia, tras una reunión de su junta directiva, ha anunciado que no descarta recurrir a la vía penal contra responsables políticos y técnicos si los tribunales terminan declarando nulo el Plan General Estructural (PGE) del municipio. El plan fue aprobado en abril de 2023 y el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la totalidad del documento lleva más de un año a la espera de sentencia.
El presidente del colectivo, Carlos Pesquera, atribuye a la gestión urbanística municipal una situación de asfixia económica para el sector y una falta de seguridad jurídica. La asociación denuncia, además, una suspensión prolongada en el tiempo de licencias urbanísticas, así como presuntas irregularidades en la gestión y en la monetización de los aprovechamientos urbanísticos.
El colectivo sostiene también que determinadas desclasificaciones de suelo se justificaron por ocupaciones de monte público sin que existiera, a su juicio, documentación solvente que las respaldara.
La asociación ha trasladado estos hechos al alcalde de Dénia y al president de la Generalitat Valenciana, como ya adelantó La Marina Times en una anterior comunicación del colectivo a la administración autonómica. En su escrito, señala a la concejala de Territori, Maria Josep Ripoll, como principal responsable de lo que califica de caos urbanístico en el municipio, y dirige también críticas al director general de Urbanismo de la Generalitat, al que acusa de mantener una actitud complaciente ante la situación.
La asociación afirma, asimismo, que la Generalitat incorporó en abril de 2023, en el último momento, una cláusula destinada a eludir su propia responsabilidad patrimonial, de forma que el riesgo derivado de eventuales indemnizaciones recaería sobre el Ayuntamiento. El colectivo empresarial espera un pronunciamiento judicial próximo sobre el recurso presentado contra el planeamiento y advierte de que, si finalmente se declara su nulidad, no se conformará con agotar la vía administrativa: estudiará entonces iniciar causas penales por un presunto dolo manifiesto.