El PP de Dénia se ha posicionado en contra de que el municipio reciba la declaración de zona de mercado residencial tensionado, una figura que, según el partido, no resolvería el problema del acceso a la vivienda. En su lugar, defiende que la política habitacional debería orientarse a ampliar la oferta, facilitar nuevas construcciones y liberar más suelo, en lugar de imponer límites al mercado.
El partido considera que los mecanismos de control de precios previstos en la legislación de vivienda terminan trasladando a los propietarios cargas derivadas de problemas que las administraciones no han resuelto. Al respecto, el PP de Dénia afirmó: «cuando los propietarios perciben inseguridad jurídica y temen las consecuencias de una legislación cambiante y restrictiva, muchos optan por retirar sus viviendas del mercado del alquiler».
Para respaldar su argumento, el PP sostiene que el precio de venta de la vivienda ha subido un 17% en Dénia frente a un 16% en Barcelona, ciudad que ya cuenta con la declaración de zona tensionada, y cifra en 48.637 las viviendas retiradas del alquiler en la capital catalana por las restricciones aplicadas, una cifra que elevaría hasta 120.000 en el conjunto de España. El partido vincula además el aumento de la preocupación ciudadana por la vivienda, reflejado en el barómetro del CIS, con la llegada del PSOE al Gobierno de España.
Reproches al gobierno municipal
Los populares denuncian que, tras casi doce años al frente del Ayuntamiento de Dénia, el equipo de gobierno local centre sus críticas en la Generalitat Valenciana en materia de vivienda. El PP recuerda que el pleno municipal se adhirió al Plan VIVE de la Generalitat, pero asegura que el Ayuntamiento todavía no ha puesto a disposición el suelo necesario para desarrollarlo, pese a que este programa autonómico suma ya 6.600 viviendas en marcha en la Comunitat Valenciana, ninguna de ellas en el municipio. El partido pregunta al gobierno local qué impide la participación de Dénia en ese plan y cuándo se facilitará suelo destinado a vivienda pública.
Como alternativa a la declaración de zona tensionada, los populares plantean ampliar el suelo disponible, reforzar la coordinación entre administraciones y ofrecer garantías jurídicas a propietarios e inversores. El PP reclama además una modificación de la legislación estatal en materia de vivienda tras la celebración de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.